Un equipo jurídico que representa a las víctimas de la violencia de mayo de 2025 en Trípoli planea presentar pruebas y un análisis jurídico al fiscal de la Corte Penal Internacional a principios de 2027. El equipo declaró el 26 de octubre de 2026 que está evaluando si algunos de los incidentes examinados podrían constituir crímenes de guerra.

Puntos clave

  • El expediente previsto pedirá al fiscal que examine incidentes que incluyen muertes y ataques denunciados contra instalaciones residenciales y judiciales.
  • La evaluación de los abogados es preliminar y no determina la responsabilidad penal.

Qué abarca la investigación sobre la violencia en Trípoli

La violencia armada afectó a la capital de Libia del 12 al 14 de mayo de 2025. El equipo jurídico está examinando los acontecimientos previos al 12 de mayo y los incidentes que afectaron a sus clientes.

Entre ellos figuran las circunstancias que rodearon la muerte de miembros del Aparato de Apoyo a la Estabilidad, incluido su jefe, Abdulghani Alkikli, durante una reunión el 12 de mayo. El equipo también está examinando denuncias de malos tratos o profanación de los cuerpos de miembros fallecidos, ataques y saqueos denunciados en el distrito de Abu Salim, e incidentes relacionados con prisiones e instalaciones y agentes de la Policía Judicial.

El equipo afirmó que ha recopilado grabaciones de vídeo y audio, fotografías, documentos y testimonios de testigos pese a los desafíos de seguridad y logísticos.

Evaluación jurídica y presentación prevista

Los abogados están evaluando si la violencia alcanzó el umbral de un conflicto armado no internacional. Si se determina que se alcanzó ese umbral, algunos actos presuntos podrían quedar comprendidos en el ámbito de los crímenes de guerra conforme al Estatuto de Roma de la CPI. El equipo subrayó que su análisis preliminar no constituye una determinación judicial.

La CPI puede ejercer jurisdicción sobre presuntos crímenes contemplados en el Estatuto de Roma cometidos en Libia tras la remisión de la situación al fiscal por el Consejo de Seguridad de la ONU en 2011. El equipo jurídico, dirigido por el abogado libio Khaled Al-Zaidy, planea solicitar que se examinen sus conclusiones; cualquier actuación posterior dependería de la evaluación independiente del fiscal y de los procedimientos aplicables.

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